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Jueces haciendo historia

Actualizado: 29 de nov de 2019

Los jueces Pedro Mayor y Carlos Ortiz Barrios se conocieron en 1995, como miembros de la misma clase de magistrados de Paraguay. En el transcurso de su carrera afianzaron un vínculo profesional y personal, a raíz de los retos que les supuso la adjudicación de decenas de casos judiciales complejos. Con el paso del tiempo vieron ampliarse y evolucionar sus responsabilidades judiciales, en la medida en que su país se transformaba desde un marco autoritario a una democracia cada vez más plena. Recordando este proceso, Mayor decía: “En el pasado teníamos leyes que claramente contradecían los derechos básicos y otras cosas que la Constitución ordenaba, pero el pensamiento en los tribunales era que la ley era la ley, y eso era todo. Hoy el pensamiento es diferente”.


La UNESCO cree que los operadores judiciales juegan un papel clave en un sistema basado en el control y el contrapeso entre las partes. A través de su trabajo, ayudan a consolidarlo y a asegurar a los ciudadanos los principios de rendición de cuentas, seguridad para todos, acceso a la justicia y transparencia. El desempeño del poder judicial y la gestión funciona como un indicador de la estabilidad de la sociedad y la capacidad del Estado para respaldar una buena gobernanza y promover la inclusión y el crecimiento. Por eso la Organización, junto con muchos aliados importantes, ha desarrollado esta iniciativa, que se ha convertido en un programa global con un alcance excepcional.


El panorama mediático de América Latina es más libre y plural que en décadas anteriores. La región experimenta una tendencia positiva hacia el fortalecimiento de la libertad de información y expresión a través de marcos legales. Más allá de esto, se necesita trabajar para asegurar su implementación efectiva y su alineación con los estándares internacionales, particularmente en lo que respecta a Internet.


Latinoamérica enfrenta desafíos como la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas. Aun cuando se produjo una disminución de los conflictos armados, en la región se registra el segundo mayor número de asesinatos de periodistas con altas tasas de impunidad, así como un número creciente de ataques físicos. Conjuntamente, la inseguridad, censura y autocensura en los medios ha aumentado desde 2012, según el informe global 2017-2018 de Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de medios de la UNESCO.


Para dar respuesta a este problema se realizó el asesoramiento sobre políticas, el fortalecimiento de capacidades para jueces, fiscales y operadores judiciales, y la formación en modalidad de cursos masivos (MOOCS), a través de una plataforma de capacitación online que alcanzó a más de 12.000 operadores judiciales de 21 países. A su vez, se creó una mayor capacidad de investigación en el periodismo, mediante el desarrollo de nuevas herramientas y espacios de capacitación.


Como parte de esta progresión en la formación de una nueva perspectiva del derecho, los magistrados Pedro Mayor y Carlos Ortiz Barrios participaron del curso para jueces sobre cuestiones legales en los campos de la libertad de expresión y el acceso a la información, organizados por el Programa Latinoamericano de Jueces de la UNESCO en la región. Desde 2013, la UNESCO junto a otros organismos han facilitado la cooperación Sur-Sur y capacitado a los miembros de los sistemas judiciales en temas relacionados con la libertad de expresión, el acceso público a la información y la seguridad de los periodistas. Al cabo de la experiencia, Ortiz afirmó que: “Estos cursos de la UNESCO son de gran ayuda para nosotros, sin ninguna duda. Tenemos que superar lo que heredamos de un sistema que era completamente autocrático, con todo decidido y ordenado desde arriba. Estamos ahora en una nueva era, donde tenemos que aprender a convertirnos en una democracia, una verdadera república democrática”.


Con el objetivo de fomentar en la región el desarrollo de capacidades y la cooperación entre los jueces de los tribunales regionales y nacionales, se creó una base de datos de jurisprudencia, desarrollada en asociación con la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos). Allí se recopilan decisiones clave de varios países, incluidos los 16 países latinoamericanos. Otros debates sobre el poder judicial y su rol en la libertad de expresión online fueron facilitados en la esfera internacional en el contexto del Foro de Gobernanza de Internet.


Tanto Ortiz como Mayor sostienen que la participación de sus colegas en los cursos ha ayudado a fortalecer el espíritu de camaradería profesional en el poder judicial paraguayo, generando un compromiso de apoyo mutuo para fortalecer la independencia judicial. Los jueces valoran este tipo de instrucción especializada como esencial, ya que los magistrados paraguayos no han tenido alternativas de capacitación legal y escasa experiencia en el tribunal con relación a casos de libertad de información y expresión. Para Edison Lanza, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, este "Es un movimiento revolucionario, en el mejor sentido, y tenemos que persistir en proporcionar este tipo de entrenamiento y apoyo. Para consolidar la democracia el poder judicial es clave y los jueces tienen la última palabra”.


Esta propuesta fue copatrocinada por la Cumbre Judicial Iberoamericana –un foro oficial de jueces principales de España, Portugal, Andorra y América– y por la Red Iberoamericana de Escuelas de Jueces –un grupo coordinador de 17 jueces de posgrado de instituciones educativas en 21 países de la región–. También se contó con la colaboración de los tribunales supremos, asociaciones de operadores judiciales, la Ibero-Cumbre Judicial Americana, la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, la Comisión Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Centro Knight para Periodismo en las Américas.


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